1. CONTEXTO: La Agenda 21 ordena realizar una revisión de las políticas agropecuarias en su capítulo 14(a), “particularmente en lo que respecta a la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable”. En 1997 la Asamblea General de la ONU reconoció que “proporcionar seguridad alimentaria sustentable (y vivienda adecuada) constituye el desafío más grande que enfrenta la humanidad” (1). En el contexto actual de la revisión dispuesta en el capítulo 14, los diálogos de la CDS deberán resolver cuáles políticas de globalización y liberalización comercial podrían fomentar la agricultura sustentable, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Tanto el mandato de la CDS como su probada capacidad para facilitar debates limpios y transparentes entre actores con intereses disímiles en juego, la convierten en un foro adecuado para albergar un diálogo franco y enérgico entre los Grupos Principales y los delegados ante la CDS en torno a las políticas necesarias para encarar adecuadamente los temas del capítulo 14.

2. TEMAS: Este documento presenta cuatro temas pertinentes a los nexos entre seguridad alimentaria, agricultura sustentable y liberalización comercial de los productos agropecuarios. Los temas son: a) cómo restringir la práctica del ‘dumping’ agropecuario, es decir, el comercio de productos agropecuarios a precios menores que su costo de producción; b) cómo analizar las consecuencias de la concentración de los mercados agropecuarios sobre el desarrollo sustentable y la seguridad alimentaria: c) cómo desarrollar indicadores de sustentabilidad agropecuaria para evaluar los impactos económicos y ambientales de la globalización del comercio y las inversiones agropecuarias; d) analizar si un Convenio sobre Seguridad Alimentaria Sustentable pudiese constituir un instrumento viable a los efectos de generar coherencia y atención localizada en el ámbito multilateral para las políticas de seguridad alimentaria sustentable. Aunque no necesariamente coincidan en las políticas para abordar estos asuntos, abrigamos la esperanza de que los Grupos Principales y los delegados ante la CDS convengan en que cada uno de estos temas merece ser debatido en la CDS.

3. PROPUESTAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: En primer lugar, la CDS debería pedirle a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que utilice la investigación existente y desarrolle nueva metodología para definir el costo nacional de producción para los principales productos agropecuarios y estadísticas de sus precios de exportación. Esta petición debería centrarse particularmente en los productos agropecuarios que sean definidos como especialmente importantes para la seguridad alimentaria nacional y familiar. La CDS debería solicitar que se le proporcione pericia técnica y especialistas con el fin de desarrollar procedimientos contables uniformes para calcular precios de exportación y cifras de costos de producción que incluyan los costos ambientales que normalmente son externalizados. Allí donde no halla recursos suficientes para un informe nacional y/o donde las estructuras de mercado para los productos agropecuarios más importantes fueran similares dentro de una región, la FAO podría proveer asistencia técnica y una metodología de información que le permitiera a las naciones pequeñas trabajar conjuntamente en la elaboración de un informe regional. Estos informes constituirían la base de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar progresivamente el ‘dumping’ de productos agropecuarios por debajo de sus costos de producción. (2)

4. Los efectos nocivos del ‘dumping’ agropecuario, una práctica que actualmente sigue siendo permitida bajo las normas de la OMC, han sido muy bien documentados por las ONGs (3). Los agricultores de los países en vías de desarrollo, sin ninguna posibilidad de competir con esas importaciones a precios rebajados, se ven expulsados de sus tierras hacia la periferia de ciudades ya superpobladas, generando “más pobreza rural, mayor deterioro ambiental, salarios industriales más bajos y mayores disturbios sociales” (4), en palabras de un diplomático argentino. Las negociaciones para restringir el dumping agropecuario en la OMC se han empantanado en discusiones interminables en torno a qué es lo que define a un subsidio determinado como ‘distorsión del mercado’. La negociación de disciplinas ‘anti-dumping’ basada en la simple comparación entre los precios de exportación y las cifras de los costos de producción podría ser la llave para superar la actual situación de estancamiento y avanzar hacia la resolución de este problema que distorsiona el comercio y perjudica al medio ambiente y la seguridad alimentaria. Incluso si las negociaciones para eliminar progresivamente el dumping fracasaran en la OMC, las cifras de los costos de producción de cualquier manera podrían serle de gran utilidad a los gobiernos nacionales en el diseño de sus programas agropecuarios y de seguridad alimentaria. Los Grupos Principales también podrían utilizar esas cifras para redactar propuestas de legislación agropecuaria nacional, por ejemplo, y para desarrollar capacidades técnicas para una seguridad alimentaria ecológicamente sustentable.

5. En segundo lugar, la CDS debería pedirle a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que le brinde apoyo a los gobiernos y los Grupos Principales para que informen sobre la concentración de poder en los mercados para los productos e insumos agropecuarios en el ámbito nacional y regional. El mandato permanente de la UNCTAD para trabajar sobre las prácticas comerciales restrictivas y la estructura de los mercados de artículos de consumo constituye un antecedente muy valioso para este trabajo. Esos informes podrían contener resúmenes analíticos de las principales fusiones y adquisiciones de empresas del sector; estudios de casos sobre los efectos de la concentración de los mercados sobre los productores agropecuarios, los trabajadores de la industria alimentaria y los consumidores; informes acerca de la legislación nacional y el cumplimiento de las normas relativas a las prácticas comerciales anticompetitivas; informes acerca del apoyo que dan y reciben los gobiernos a y de los grandes consorcios agroindustriales; estudios acerca del efecto de la concentración de los mercados sobre la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el medio ambiente. Los gobiernos y los Grupos Principales podrían utilizar dichos informes para diversos propósitos, entre otros para estudiar y analizar las propuestas de inversión y comercio de las empresas del sector; para elaborar propuestas de políticas sobre comercio y medio ambiente; y para entablar diálogo y presentar iniciativas ante las instituciones crediticias multilaterales.

6. La concentración de las acciones en el mercado de productos e insumos agropecuarios, particularmente en manos de empresas transnacionales agroindustriales, fue uno de los mecanismos principales para la instauración de los mercados mundiales agropecuarios. Quienes proponen y promueven esos mercados empleando la teoría de la ventaja comparativa, argumentan que participando en ellos los países pueden utilizar sus recursos de la manera más eficiente y para mejor provecho de su propio desarrollo. Según esa teoría, se supone que cada país debe producir aquellos productos que produce mejor y en condiciones más ventajosas que otros países. Si los países en vías de desarrollo se ciñen a esta teoría se supone que generarán suficientes divisas para importar alimentos y otros artículos de primera necesidad. Hay incluso quienes argumentan que los altos índices de concentración de la producción y el comercio agropecuario conducen a niveles más altos de eficiencia ambiental, o ‘eco-eficiencia’, que la que presentan los mercados estructurados de manera menos concentrada. Los informes anuales nacionales o regionales sobre la concentración de los mercados para los productos agropecuarios servirían para cotejar tales afirmaciones, a la vez que ofrecerían pruebas en justificación del restablecimiento de la competencia en aquellos mercados en los que su eliminación ha tenido efectos negativos sobre la agricultura sustentable y la seguridad alimentaria.

7. En tercer lugar, la CDS 8 debería buscar financiación y asistencia técnica de las agencias de la ONU pertinentes, a fin de celebrar una reunión multisectorial para desarrollar indicadores de sustentabilidad agropecuaria. Tales indicadores podrían ser empleados para medir los efectos de la liberalización del comercio en productos agropecuarios sobre la agricultura sustentable. Por ejemplo, podrían constituir una herramienta útil para ejecutar la revisión ambiental del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC dispuesta por la CDS 3. Esa revisión podría efectuarse sobre la base de estudios de casos, de manera similar a los estudios presentados ante el simposio de la FAO sobre “Agricultura, Comercio y Seguridad Alimentaria” (celebrado en Ginebra el 23 y 24 de septiembre de 1999) (5). Además, en el contexto de la CDS 9 sobre transporte, la CDS también podría encomendar la realización de estudios acerca de los efectos del transporte actual de productos agropecuarios sobre el cambio climático. Esos informes podrían ser utilizados como parte de la Revisión Anual de las Políticas Comerciales en el ámbito nacional, dispuesta por la OMC. Una síntesis de las investigaciones en curso sobre sustentabilidad agropecuaria facilitada por la CDS podría también servir como guía para los trabajos en el área agro-ambiental que está encarando el sistema de la ONU y los Estados miembros. En aquellos casos en que las naciones pequeñas no pudieran financiar su participación en un proceso de definición y aplicación de esos indicadores, los Estados miembros deberían destinar recursos para permitir la participación de esos países en el proceso y su posterior utilización de los indicadores.

8. En cuarto lugar, los miembros de la CDS deberían estudiar la posibilidad de pedirle a la Asamblea General (AG) de la ONU que autorice la convocatoria de una sesión especial ‘Intersesiones’, con el propósito de analizar las propuestas para un Convenio Mundial sobre Seguridad Alimentaria Sustentable. El informe de esa sesión especial y los estudios adjuntos presentados por los gobiernos y los Grupos Principales podrían ser empleados por la AG como elementos de apoyo para determinar si existe suficiente interés y capacidad como para que la AG autorice la creación de un Grupo Internacional de Negociación (GIN) que prepare las negociaciones para un Convenio.

9. En la Cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en 1966 más de 1,200 ONGs apoyaron la creación de un “Código de Conducta sobre el Derecho al Alimento” y de un “Convenio sobre Seguridad Alimentaria Sustentable” (6). (Cabe resaltar, sin embargo, que hay muchas ONGs que no creen que el proceso de un Convenio sobre Seguridad Alimentaria constituya un medio eficaz y/o viable para potenciar la seguridad alimentaria). El Código ya está siendo elaborado por la FAO y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sin embargo, sin la existencia de un foro multilateral de negociación, los gobiernos y otras partes y sectores interesados no podrán pulir las propuestas para un Convenio y convertirlas en instrumentos legales para la realización de los objetivos del Capítulo 14. Los miembros de la CDS deberían estudiar la posibilidad de utilizar el mandato del Capítulo 39 de la Agenda 21 sobre “Mecanismos e Instrumentos Legales Internacionales” para proponer que la AG autorice la creación de un GIN que prepare las negociaciones para un Convenio. El Convenio Marco sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica constituyen precedentes destacados de tales preparativos.

10. Al estudiar los preparativos para un Convenio sobre Seguridad Alimentaria Sustentable los delegados ante la CDS y los Grupos Principales deberían reconocer que existen pruebas que indican que la liberalización del comercio en productos agropecuarios ha tenido efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, especialmente en los países en vías de desarrollo. La FAO, por ejemplo, presentó pruebas de ello en su simposio del 23 y 24 de septiembre de 1999 sobre comercio agropecuario y seguridad alimentaria. Esas pruebas fueron posteriormente utilizadas por un grupo de países en vías de desarrollo que presentaron el 7 de octubre una propuesta para poner de relieve y fomentar la seguridad alimentaria como parte de sus preparativos hacia la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Seattle, EE.UU. Entre las múltiples recomendaciones políticas contenidas en esa propuesta está la de “ampliar la Cláusula de Tratamiento Especial y Diferenciado para que esta pueda ser utilizada por todos los países en vías de desarrollo para los fines de la seguridad alimentaria” (7). Esa política propuesta fue uno de los “intereses no-comerciales” que fueron tan severamente criticados como “obstáculos disfrazados al libre comercio” en la etapa preparatoria de la Conferencia Ministerial de la OMC. Es poco probable que los negociadores ante la OMC se pongan de acuerdo en el futuro cercano acerca de cómo dar cumplimiento al Artículo 20 del Acuerdo sobre Agricultura, que dispone efectuar una revisión del acuerdo que tenga en cuenta sus efectos sobre la seguridad alimentaria. Asimismo, por lo pronto es poco probable que los miembros de la OMC lleguen a acuerdos sobre otras propuestas en apoyo de la seguridad alimentaria elevadas ante ese organismo. Un foro alternativo para negociar soluciones multilaterales para la seguridad alimentaria resulta entonces necesario, un foro que pueda ayudar a fijar algunos parámetros para las negociaciones sobre el comercio de productos agropecuarios.

11. Estas propuestas de Acción Institucional deberían obtener el apoyo y nutrirse con la experiencia y pericia  de las organizaciones de base, particularmente en los países en vías de desarrollo. Con tal propósito, la CDS debería reclamar que las agencias de la ONU, los gobiernos y los Grupos Principales que están involucrados en la ejecución de dichas Acciones diseñen y pongan en marcha procesos de consulta e investigación participativa con las organizaciones de base. Tales procesos podrían ser utilizados, por ejemplo, para determinar en cifras los costos de producción y los efectos del dumping agropecuario; para desarrollar indicadores de sustentabilidad agropecuaria; y para solicitar propuestas para un posible Convenio sobre Seguridad Alimentaria. La CDS debería reclamar que las agencias, los Grupos Principales y los gobiernos dispongan fondos especiales para permitir que las organizaciones de base participen efectivamente en los procesos antedichos.

12. POSIBLES ALIANZAS Y ASOCIACIONES: Los Grupos Principales que históricamente han estado activos en tareas de educación y concientización pública y/o de desarrollo de capacidades técnicas para la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable deberían entablar diálogo con otras organizaciones que quizás no hayan reconocido aún sus propios intereses creados en mejorar y fomentar la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable. Ejemplo de tales organizaciones pueden ser las asociaciones bancarias rurales y de crédito agropecuario cuyos clientes están yendo a la quiebra debido en parte a las políticas actuales, y las compañías de seguros cuya viabilidad económica depende de minimizar los efectos de las catástrofes originadas en el deterioro constante del medio ambiente y las olas migratorias del campo a la ciudad, entre otros factores. Quizás también se pueda encontrar disposición para discutir e incluso apoyar algunas de las acciones institucionales arriba descritas, entre las cooperativas agrarias y los grupos de productores y las empresas que las conforman, especialmente aquellas que se han visto perjudicadas por los precios de productos agropecuarios importados por debajo del costo de producción, por la concentración de los mercados mayoristas y minoristas o por la externalización de los costos ambientales. Para el diseño y la ejecución de las Acciones Institucionales propuestas, las agencias de la ONU, los gobiernos y los Grupos Principales deberían incorporar expertos del ámbito académico y la experiencia y pericia de las organizaciones de base. Para garantizar el éxito de la CDS 8 es de vital importancia que no existan canales paralelos de comunicación con los gobiernos que faciliten la polarización entre el sector privado y los Grupos Principales sin fines de lucro. Esperamos que las propuestas aquí esbozadas sean sometidas a un debate honesto y frontal para poder avanzar en la ejecución plena del capítulo 14.
 

(NOTAS)
1.  "Programa para la Ejecución Ulterior de la Agenda 21," adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sesión Especial del 23 al 27 de junio de 1997, párrafo 62.
2.  Mark Ritchie, "Eliminating Export Subsidies: One Way Forward,"
INSTITUTE FOR AGRICULTURE AND TRADE POLICY, noviembre de 1999.
3.  ver por ejemplo "Loaded against the poor: World Trade Organization", OXFAM
(Gran Bretaña), noviembre de 1999, pp 13-16.
4.  Hector Rogelio Torres, "The wealthy and their scandalous subsidies”,
THE JOURNAL OF COMMERCE, 28 de octubre de 1999.
 5.  ver por ejemplo la. “Síntesis de estudios de casos por países”, documento No. 3, SIMPOSIO DE LA FAO
SOBRE AGRICULTURA, COMERCIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: TEMAS Y OPCIONES DE CARA A LAS PRÓXIMAS NEGOCIACIONES DE LA OMC DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, Ginebra, septiembre 23-24 de 1999.
6.  Para un ejemplo del tipo de disposiciones que puede incluir un Convenio, ver el "Plan of Action to Achieve Universal Food Security”, septiembre 20 de 1999, klehman@iatp.org
7.  "Preparations for the 1999 Ministerial, Agriculture, Proposal under
Paragraphs 9a (i) and 9a (ii) of the Geneva Ministerial Declaration”,
Comunicación presentada por Cuba, República Dominicana, Egipto, Sri Lanka, Uganda y
Zimbabwe, WT/GC/374; octubre 15 de 1999.